EL NEOBLANQUEO

En estos días está finalizando el blanqueo que fue aprobado el año pasado con el objetivo de ingresar legalmente los dólares que estaban fuera del mercado.

Aquel blanqueo, aprobado por ley del Congreso, establece que no pueden acogerse al mismo quienes hayan actuado en la función pública en los últimos diez años, sus familiares directos e indirectos, y quienes tienen dinero proveniente de diversos ilícitos como el contrabando y el narcotráfico o tienen registrados fondos en paraísos fiscales, entre otras prohibiciones.

Ahora el gobierno ha declarado en los medios de comunicación que tiene una nueva medida para usar dólares que estén afuera del circuito formal, lo cual permitiría su entrada sin que nadie investigue el origen de los mismos. El propósito, obviamente, es incrementar las reservas del Banco Central.

A la política que propone el ministro, los medios de comunicación la están anunciado como: medidas para sacar dólares del “colchón”. Sin embargo, el asunto es más complejo que eso.

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico la medida es muy cuestionable porque será sancionada por Decreto de Necesidad y Urgencia, lo cual genera una situación dudosa en materia constitucional y por tanto le da un carácter legalmente precario, toda vez que luego se hace necesaria una ley para proteger a los que procedieron a blanquear divisas.

No son pocos los que opinan que la ley de blanqueo sancionada el año pasado contiene un artículo que permite extender el plazo para blanquear activos, hasta el día 31 de julio; con lo cual se podría- para evitar inseguridad jurídica- enviar una nueva ley prorrogando aquel plazo, evitando así el DNU.

Otro inconveniente sigue siendo, las restricciones legales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano encargado de evitar el lavado de dinero.

Por otra parte, entre los agentes económicos hay muchas prevenciones ante la posibilidad que gobiernos posteriores al actual, introduzcan sanciones para quienes exteriorizaron activos si es que quedan huecos legales, como ocurrió durante el gobierno anterior respecto de la exteriorización ejecutada en la gestión de Mauricio Macri.

Asesores del gobierno argumentan de manera laxa que el problema legal con el GAFI estaría resuelto en tanto el organismo está decidido a no entorpecer medidas de gobiernos para ampliar las bases financieras, en tanto existan contextos de bajo riesgo, facilitándose el control de lavado, con las distintas formas de bancarización que eliminan el dinero efectivo.

El gobierno, también sostiene que la medida no se trata de un nuevo blanqueo porque los dólares no pueden depositarse para atesoramiento sino aplicarse a la compra de bienes, posibilitándose, de esta manera, la monetización de la economía.

No obstante, desde el punto de vista técnico económico, la medida ha sido criticada duramente por derecha y por izquierda.

El propio asesor de Milei sobre la dolarización, Ocampo, salió a cuestionarla con el argumento de que la moneda de curso legal sigue siendo el peso, con lo cual continúa imposibilitada la competencia de monedas, no pudiéndose cancelar obligaciones con dólares, como por ejemplo el pago de los impuestos.

Roberto Cahanosky apuntó que éste, es otro plan platita, pero en dólares, y lo peor es que con ello, el país corre riesgo de fundirse.

Desde la izquierda el Diputado Heller, sostuvo que la medida busca ingresar dólares para seguir fortaleciendo la bicicleta financiera. Ejemplifica con el hecho que, en los últimos días se realizaron contratos de futuros por 7.048 millones de dólares, lo cual para Heller significa, considerando sólo hasta fin de año, que los agentes financieros titulares de las operaciones podrían obtener ganancias, consideradas globalmente, equivalentes, aproximadamente, a 575.000 millones de dólares, que pagaremos todos.

Otro efecto nocivo que puede esperarse es más inflación en dólares. Asimismo, técnicos del mercado han advertido que sin incentivos como, por ejemplo: bonificaciones o exenciones impositivas para pagar impuestos u otras obligaciones fiscales, en dólares, la medida probablemente no tenga éxito.

Queda claro que la propuesta busca ingresar dólares de afuera del sistema para evitar que el Estado siga vendiendo divisas de las reservas, evitando así subas de precio que perjudiquen la reducción de la inflación.

En definitiva, más allá de las consideraciones, la medida parece ser un hecho. En los últimos días se ha conocido que el sistema se denominará, Régimen de Presentación Espontánea, que el mismo adoptará como marco legal el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Tributario, que habilita al Poder Ejecutivo sancionarlo por Decreto y quienes se acojan a él, a los efectos de incentivarlos, podrán ser eximidos de multas e intereses resarcitorios y punitorios dada la presentación espontánea; del mismo modo la ARCA podría establecer planes de pagos por cancelación de capital, de los impuestos IVA y Ganancias que deriven del régimen.